La vivienda ha perdido prioridad entre las políticas de gasto social, lo que ha impedido un efectivo mejoramiento de los estándares, que se muestran claramente deficitarios. Mientras entre 1995 y el 2000 el gasto público creció un 15, 1 por ciento, el gasto en salud lo hacía en un 45,7 por ciento y el de la educación en un 60,6 por ciento. El gasto del Mivu por su parte caía en un 7,8 por ciento con lo que el número de soluciones habitacionales construidas con aporte fiscal, disminuyó en un 18,1 por ciento en este período.