El informe "Los Recursos Mineros y la Constitución", elaborado por el Colegio de Ingenieros de Chile, analiza la continuidad jurídica desde la nacionalización del cobre en 1971, destacando que el Estado posee dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre las minas. Se enfatiza la distinción entre la propiedad del subsuelo y la superficie, permitiendo concesiones a privados para exploración y explotación, siempre que se satisfaga el interés público. Las concesiones deben ser otorgadas por resolución judicial, con una duración adecuada para inversiones intensivas en capital. El informe también resalta la necesidad de que el Estado genere condiciones para un crecimiento sostenible, integrando aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales.